JUDICIAL
‘Bombillo Rojo’ habría desplazado a familias por negarse a pagar extorsiones en la comuna 20 de Cali
Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar el presunto accionar de la estructura delincuencial conocida como ‘Bombillo Rojo’, señalada de extorsionar y desplazar familias de sus viviendas en el barrio Lleras Camargo y otros sectores de la comuna 20 de Cali.
De acuerdo con el ente investigador, los integrantes de esta organización, que estaría conformada por dos clanes familiares, exigían cuotas mensuales entre $100.000 y $500.000 a los habitantes. Quienes se negaban a pagar presuntamente eran amenazados de muerte, agredidos y obligados a abandonar sus casas junto con sus familias.
La Fiscalía estableció que, entre noviembre de 2023 y julio de 2026, estarían relacionados con 33 extorsiones consumadas, cuatro tentativas y 19 hechos de desplazamiento forzado.
Los elementos recopilados durante la investigación indican que, después de obligar a las familias a abandonar sus inmuebles, los presuntos integrantes de la organización se apropiaban de las viviendas y sus pertenencias.
En algunos casos, según la Fiscalía, habrían exigido hasta $50 millones para permitirles recuperar sus propiedades.
Uno de los episodios documentados ocurrió entre noviembre y diciembre de 2025, cuando presuntamente dispararon y lanzaron piedras contra una vivienda y amenazaron de muerte a una residente si no pagaba la denominada ‘vacuna’.
La familia terminó abandonando el inmueble, donde funcionaba un comedor comunitario que proporcionaba alimentación a adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de edad. Posteriormente, los presuntos responsables habrían ingresado para apoderarse de los bienes.
Más de 20 diligencias de allanamiento y registro, realizadas por la Policía Metropolitana de Cali bajo dirección de la Fiscalía, permitieron la captura de 11 personas que presuntamente harían parte de esta estructura.
Un fiscal especializado les imputó diferentes delitos relacionados con concierto para delinquir con fines de extorsión y desplazamiento forzado, utilización de menores para la comisión de delitos, extorsión agravada, hurto calificado, desplazamiento forzado y amenazas, entre otros.
Los procesados no aceptaron los cargos. Sin embargo, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
